La Orden Ministerial que regula las tarifas de derechos de propiedad intelectual no da respuesta a los principales problemas: el abuso de posición dominante de las propias entidades, la falta de equidad en las tarifas y la discriminación entre usuarios. Así lo dictamina la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe en el que examina los criterios para determinar los precios.
