El Alcalde de Cullera, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valencia por presuntamente permitir que tres pubs de la localidad superasen durante varios años los límites de ruido permitidos.
Se enfrenta a una pena de dos años y tres meses de prisión, tal y como reclama el ministerio público, por un delito de prevaricación medioambiental, tipificado en el artículo 329 del Código Penal. También le solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Levante-emv
