La Plataforma de afectados por el ruido considera indispensable que se aplique a rajatabla la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, dictada por la Generalitat en 2002 y que marca los niveles máximos de ruido que puede haber en los locales de ocio en función de su actividad, las sanciones a aplicar si no cumplen o la retirada de licencias en casos de reincidencia.
