La llamada ‘Comisión Sinde’, encargada de decidir la comunicación y retirada de contenidos supuestamente ‘piratas’ a petición de los titulares de los derechos de autor, se enfrenta a una querella criminal acusada de prevaricación administrativa por haber dictado una resolución totalmente opuesta a una decisión judicial sobre el mismo caso, y casi simultáneamente.
